22 Mayo 2020

El Gobierno busca sumar a las grandes alimenticias como proveedoras del Estado

El Gobierno busca sumar a las grandes alimenticias como proveedoras del Estado
Reunión cumbre de varios ministros con grandes alimenticias para aceitar la participación de estos grupos en las próximas licitaciones de Desarrollo Social Después del escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos que hace unas semanas generó la apertura de una investigación judicial, el Ministerio de Desarrollo Social optó por salir a buscar a las grandes empresas del sector alimenticio como las proveedoras del Estado. Lo hizo luego de que la licitación del mes pasado cuando la cartera que orienta Daniel Arroyo realizó una millonaria operación que quedó en la mira de la Justicia por sospechas de corrupción y pagos mayores a los precios máximos definidos por las propias autoridades nacionales. Con este objetivo, durante la jornada de este jueves 21 de mayo, hubo un encuentro entre los principales grupos alimenticios y funcionarios oficiales para aceitar la participación de estas empresas en las próximas licitaciones de compras de alimentos. Ejecutivos de cerca de 30 empresas como Mastellone; Nestlé; Sancor; Molino Río de la Pata; Bunge y Unilever fueron convocados a la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo para analizar el regreso de los grandes grupos alimenticios como proveedores del Estado. También estuvieron presentes enviados de Morixe; Adecoagro; Unilever; Aceitera General Deheza (AGD); Arcor y Ledesma, entre otras empresas, junto con representantes de las entidades empresarias COPAL y CLERA. El ministerio que conduce Arroyo realizó una millonaria operación que quedó en la mira de la Justicia La reunión tuvo como objetivo cambiar el proceso que venía encarando el Gobierno para dar respuesta a las necesidades de la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y del que solamente venían participando empresas intermediarias que terminaban ganando las licitaciones con valores por encima de los de mercado. "Queremos fortalecer las compras de alimentos para el Ministerio de Desarrollo Social y para eso los invitamos para contar con su colaboración en las licitaciones, para simplificar la operatoria y acortar los plazos de pago, que es un pedido razonable que nos hicieron las empresas del sector", remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante la reunión. Del mismo modo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó que "la compra y distribución de alimentos es una de las más importantes, por lo que se hace fundamental la participación de empresarios y productores en el sistema si tenemos en cuenta que antes dábamos de comer a ocho millones de personas y ahora a 11 millones". Ambos ministros estuvieron acompañados por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso; y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker. "Queremos fortalecer las compras de alimentos para el Ministerio de Desarrollo Social", dijo Kulfas La presencia de estos funcionarios de primera línea da cuenta de la importancia que el Gobierno quiere darle a la transparencia en estos procesos de compras, luego de la operación mediante la cual se le adjudicó a un grupo de intermediarios la compra de una serie de alimentos por casi $350 millones a precios muy por encima de los establecidos por las propias autoridades para la venta de los mismos productos en las góndolas de los supermercados. Si bien en la gacetilla de prensa enviada por las autoridades se destaca que el objetivo del encuentro es garantizar el abastecimiento de la demanda del Estado, que se incrementó a partir de la emergencia por la pandemia, la necesidad de dejar atrás ese escándalo y de evitar nuevas irregularidades es la principal razón detrás de la convocatoria a los grandes grupos alimenticios. En ese sentido, el Banco Nación puso a disposición de las empresas instrumentos financieros para capital de trabajo para que puedan abastecer la demanda del Estado. Y los funcionarios resaltaron la importancia de trabajar en conjunto con las empresas para garantizar el abastecimiento en el contexto del aumento de la demanda de productos de primera necesidad para los sectores vulnerables. El primer paso, se dio la semana pasada cuando Molinos Río de la Plata y Morixe se adjudicaron compras de aceite y harina para Desarrollo Social. En el caso de la alimenticia propiedad del empresario Ignacio Noel participó para venderle al Estado nacional 340.000 kilos de harina y realizó la oferta más baja por un monto global de $10.7 millones y precio unitario de $31,50 por kilo. En el caso de la compañía de la familia Perez Companc proveerá al Estado de 340.000 envases de 900cc de aceite comestible mezcla, libre de gluten, marca Ideal, con un precio unitario $52, y por un monto total de $17.6 millones. Ambas operaciones serán destinadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios en la emergencia para dar respuestas integrales a las necesidades alimenticias de los sectores más carenciados de la población. En especial, para atender a la población en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 108/02 que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2022. También para la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus, por el plazo de un año a partir del 13 de marzo pasado. Pero estas compras habían quedado sospechadas tras las denuncias contra la operación mediante la cual un grupo de intermediarios se habían adjudicado una millonaria venta de aceites, fideos y otros alimentos de primera necesidad. En su momento, la transacción terminó siendo anulada, se abrió una causa en la justicia para investigar las compras y un importante grupo de funcionarios cercanos al ministro Arroyo fueron despedidos de Desarrollo Social. De hecho, en la misma licitación de la que participó Molinos Río de la Plata compitieron algunas de las firmas involucradas en la causa de los sobreprecios ya que el proceso incluía la compra de otros alimentos por un total de $115.7 millones, sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). En ese marco, además de la empresa de la familia de uno de los hombres más ricos de la Argentina, se presentaron cuatro intermediarios como son Distribuidora Alvear; Grupo Área; Copacabana y Valquiria. De hecho, las ofertas presentadas por Grupo Área, Distribuidora Alvear y Valquiria superaron los precios establecidos y fueron desestimadas al tampoco haberse logrado una mejora en las propuestas de precios. Por ese motivo, se declaró fracasada la compra de 1.3 millones de envases de 900cc de aceite comestible mezcla.