10 Julio 2017

Justicia de campaña: procesamientos, imputaciones y sospechas sobre el kirchnerismo

Justicia de campaña: procesamientos, imputaciones y sospechas sobre el kirchnerismo
Se acercan las PASO y la Justicia puso al kirchnerismo en el banquillo de los acusados. A un nuevo procesamiento del ex ministro Julio De Vido, se le sumó el de Martín Sabbatella y la imputación a la primera candidata a diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. A pocos días del comienzo oficial de la campaña de cara a las PASO, la Justicia puso en el centro de la escena a exfuncionarios y candidatos del kirchnerismo. Los medios nacionales se hicieron eco de la noticia y la publicaron en sus portadas, junto a los otros golpes judiciales que recibió el entorno “k”. Hoy, el ex funcionario sumó un nuevo procesamiento judicial por parte del juez Claudio Bonadio, por el delito de defraudación contra la administración pública, en una causa que investiga la entrega de subsidios a los colectivos del Área Metropolitana y a algunas líneas del interior del país. Tras una semana que lo tuvo en el foco de los medios, el actual diputado nacional se refirió en declaraciones radiales a la existencia de una “suerte de confabulación o sociedad mediática política”, impulsada por el presidente de la Nación y “algunos adláteres” como la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y el ministro de Justicia Germán Garavano. El viernes, el juez federal Luis Rodríguez le puso suspenso al futuro del ex ministro y rechazó el pedido del fiscal Carlos Stornelli, que reclamaba el desafuero y la detención de De Vido, que ya acumula 135 denuncias judiciales en su contra. “Para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan están", se defendió De Vido en esa ocasión. El nuevo procesamiento sin prisión preventiva que incluye un embargo por 1.000 millones de pesos, también recayó sobre los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos -quien también es diputado del FpV-, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes trabó embargos de hasta 900 millones de pesos. Los medios nacionales se hicieron eco de la noticia y la publicaron en sus portadas, junto a los otros golpes judiciales que recibió el entorno “k”. Es que hoy también, el fiscal federal Federico Delgado imputó a la primera precandidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos por una supuesta "omisión maliciosa" en su declaración jurada de 2014, cuando ingresó a la Cámara de Senadores y no declaró otros dos trabajos en la administración pública. Vallejos fue denunciada a raíz de una publicación del portal de web "Borderperiodismo.com", de la periodista María Julia Oiván, que asegura que la economista trabajó de forma simultánea en el Ministerio de Economía de la Nación, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. Además, en un día de súper acción de la Justicia sobre las causas que involucran a figuras del kirchnerismo, el juez Luis Rodríguez procesó y embargó en 10 millones de pesos al dirigente de Nuevo Encuentro y ex titular de la extinta Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios. El procesamiento del dirigente viene a cumplir un doble efecto: además de golpear al kirchnerismo a poco de las PASO, le trae un poco de aire al intendente de Cambiemos en Morón, Ramiro Tagliaferro. Pero eso no es todo: en las últimas horas también trascendió que la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, le habría pedido a Oscar Parrilli un listado de socios y “contribuyentes” del Instituto Patria, para conocer el origen de los fondos que se declaran como “donaciones”. El financiamiento y la legalidad del instituto ya habían sido cuestionados por la diputada Margarita Stolbizer, quien a mediados de 2016 amenazó con denunciar que el búnker del kirchnerismo no estaba inscripto en la Inspección General de Justicia (IGJ), que no estaba autorizado por el Estado para funcionar y que no presentaba balances ni aclaraba sus formas de financiarse. En esa ocasión fue el presidente del Instituto Patria, el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el encargado de desmentir las declaraciones de Stolbizer; a quien acusó de inventar y mentir “con el claro objetivo de continuar con la campaña de persecución judicial, alentada por los grupos mediáticos de Clarín y La Nación, y a la espera de que algún fiscal o juez servil inicie una investigación”.