14 Enero 2019

El “truco” de los intendentes para escalar posiciones en el reparto de recursos de la Provincia

El “truco” de los intendentes para escalar posiciones en el reparto de recursos de la Provincia
La fórmula del Coeficiente Único de Distribución no es un secreto para nadie y son cada vez más los intendentes que le encuentran la vuelta para escalar posiciones y garantizarse alguna porción “extra” de la torta provincial. Como cada año, la difusión de los Coeficientes Único de Distribución, que se usan para calcular la porción de recursos provinciales y de Nación que se llevará cada uno de los 135 bonaerenses, generan polémicas. Hay ganadores y perdedores, y algunos señalados por la “competencia desleal” para sumar unos (cuantos) pesos a las arcas propias. Ese coeficiente no es otra cosa que una fórmula que contempla distintos parámetros, como población, superficie, capacidad contributiva y algunos indicadores de salud, que, combinados, crean el “número mágico”. Esta cuenta se hace año a año y determina la proporción de la coparticipación y los fondos que se descentralizan de Provincia y Nación recibirá cada comuna. La fórmula no es ningún secreto: de hecho, está reglada por la Ley 10.559, que determina que el 16,14% del total de la recaudación de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos, vaya a parar a las comunas, bajo el siguiente esquema: De ese total, el 58 por ciento se distribuye entre todas las comunas con una fórmula específica: el 62% (sesenta y dos por ciento) en proporción directa a la población, con una salvedad: la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso toman como población la resultante de la suma de los residentes permanentes en el lugar, más la doceava parte del caudal turístico; el 23 por ciento, en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población, y el 15 por ciento en proporción directa a la superficie del Partido. Del 42 por ciento restante, se hace una segunda repartija: el 37 por ciento entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación- y el 5 por ciento entre las que cubrieran servicios o funciones de salud “ambulatorias”. No son pocos los intendentes que le encontraron la vuelta para ganar recursos a expensas de estos dos ítems ¿Cómo? Inaugurando salas de internación que, muchas veces, consisten en meros pabellones con camas y dotación mínima de médicos y enfermeros. O consultorios externos que, si bien atienden a la población, no tienen ningún control cualitativo. De hecho, son las propias comunas las que brindan los datos respecto de las plazas de internación y de los servicios de salud que prestan, sin ningún tipo de auditoría por parte de la Provincia. Y, muchas veces, sin tener en cuenta las necesidades y prioridades en la materia de la comuna. ¿Es mejor tener una guardia equipada, alta complejidad, un sistema de emergencias o una maternidad? En este caso no importa, porque no hay dudas respecto de qué “rinde más” en términos económicos. El debate respecto de estos “trucos” a los que echan mano los intendentes está a la orden del día. La ley vigente data de 1987 y muchos piden actualizarla, de manera que otros factores, como la “capacidad contributiva” de una comuna hacia las arcas provinciales, o la calidad y cantidad de servicios municipales sean tenidos en cuenta. Por ahora, no ha habido demasiados avances en la materia. Por presión de la UCR, hubo un incipiente debate el año pasado y el Ministerio de Economía se comprometió a analizarlo. Pero, según supo este portal, no habrá novedades en lo inmediato. Por lo pronto, las reglas para el año electoral están fijadas. Y el debate sigue abierto.