30 Julio 2017

REMOCIÓN DE JUECES - La Provincia apura cambios en el sistema.

REMOCIÓN DE JUECES - La Provincia apura cambios en el sistema.
La reforma contempla que la presidencia del jury no cambie con la rotación de titulares de la Suprema Corte Con la certeza de que los procesos se extienden por demasiado tiempo y que es necesario hacerlos más ágiles, el gobierno de María Eugenia Vidal prepara por estas horas un proyecto de ley que enviará a la Legislatura para reformar el sistema de enjuiciamiento de jueces y fiscales bonaerenses. La norma todavía está en etapa de borrador, sobre el que trabajan especialistas del ministerio de Justicia y legisladores. Pero la idea es acelerar la redacción para poder abrir el debate en la segunda mitad del año en las cámaras bonaerenses. En la administración Vidal ven con preocupación el funcionamiento de un mecanismo que cosecha críticas por la extensión de los plazos. A través de los legisladores de Cambiemos, el gobierno ha tenido un rol activo en varios de los juicios políticos más importantes del último año, como los que terminaron en las renuncias del ex juez de Garantías platense César Melazo, sindicado desde el oficialismo como un “emblema de la corrupción en el Poder Judicial”, y del ex fiscal de San Isidro Julio Novo. “Hoy los procesos se extienden demasiado. La reforma va a apuntar a acortar plazos, como una garantía de cara a la sociedad y también para los magistrados, para que las causas no estén abiertas para siempre”, explicaron fuentes del Ejecutivo. PROCESOS En la actualidad, unos 120 jueces y fiscales del sistema judicial bonaerense están bajo investigación y podrían ser separados de sus cargos si se los encuentra culpables de las irregularidades por las que fueron denunciados. Desde la implementación en 2008 del nuevo sistema de enjuiciamiento se recibieron un total de 409 denuncias y se pidió que se investigue a 420 magistrados (jueces y fiscales) tanto por mal el supuesto mal desempeño en sus funciones como por la presunta comisión de delitos. De ese total de denuncias, detallaron desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, hoy se mantienen activas 119. El resto de las denuncias fueron archivadas por distintos motivos previstos por la ley: falta de actividad del denunciante, cuando la propia secretaría las considera improcedentes o porque los propios jurados de enjuiciamiento no encuentran razones para abrir estos procedimientos. Para la administración Vidal y para la gestión del ministro de Justicia Gustavo Ferrari, los números evidencian un exceso de causas abiertas por un plazo demasiado extenso. Por eso, comenzaron a trabajar en una reforma del sistema de jury que apunta a agilizar los plazos procesales. Uno de los puntos salientes del borrador, según pudo saber este diario, apunta al sistema de presidencia de los tribunales de enjuiciamientos que se integran, por sorteo, con abogados y legisladores. En la actualidad, la presidencia del jury es ejercida por el titular de la Suprema Corte. Por lo tanto, rota una vez al año, de acuerdo al sistema que rige en el máximo tribunal bonaerense. “Es un aspecto problemático, porque cada vez que asume un nuevo presidente de la Corte se tiene que poner al frente todos los procesos”, explican fuentes del Ejecutivo. Por eso, la reforma propondrá que los ministros de la Corte sigan al frente de los jurados de enjuiciamiento más allá de su permanencia en la presidencia del Tribunal, que es anual. Además, quienes trabajan en el borrador del proyecto analizan incorporar al sistema de enjuiciamientos mecanismos para “identificar responsabilidades” cuando un proceso abierto contra un juez y un fiscal se demore en alguna instancia. INGRESOS Los cambios en la ley de jury se enmarcan en una serie de reformas que analizan en la administración Vidal vinculada a los magistrados. En paralelo, en una mesa de discusión que se abrió en el ministerio de Justicia, se analizan modificaciones en el sistema de selección de jueces y fiscales en el ámbito del Consejo de la Magistratura. En ese marco, trascendió, una de las propuestas sobre las que más se avanzó es la que plantea hacer obligatorio el paso de los aspirantes por la escuela judicial que funciona en el ámbito del Consejo de la Magistratura. También se estudian cambios y una modernización de los sistema de evaluación.