La Justicia obligó a la ANDIS a restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas desde 2024 y a frenar las auditorías en todo el país.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá reestablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas hace algunos meses, en cumplimiento de una orden judicial con alcance nacional. La medida se formalizó este miércoles mediante la Resolución 12621/2025 en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo que motivó la decisión fue dictado por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados.
La resolución judicial ordenó a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todos los pagos suspendidos desde el 2024 y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que se dicte sentencia definitiva, al tiempo que instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no avanzar con auditorías mientras siga vigente la medida cautelar.
En este marco, el organismo también deberá notificar a los beneficiarios, destinar los fondos necesarios para cumplir con el fallo y comunicar la decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para reactivar las prestaciones de manera inmediata.
Es que, el fallo de Díaz Martínez reconoce que la suspensión de las pensiones afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad y, en ese sentido, aplicó la doctrina del caso “Halabi”, de la Corte Suprema, al considerar que se trataba de un derecho de incidencia colectiva.
En consecuencia, esta medida cautelar protege a todos los beneficiarios que sufrieron la quita del ingreso en cualquier provincia del país y busca responder a una serie de demandas acumuladas en el mismo expediente, presentadas por entidades como la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Sobre este punto, los colectivos aseguraron que las auditorías impulsadas por la Agencia, comenzaron en agosto del 2024 sin criterios públicos ni protocolos de evaluación claros. Asimismo, los denunciantes advirtieron sobre dificultades de accesibilidad y una serie de irregularidades en las notificaciones, muchas de las cuales nunca llegaron a los domicilios o presentaban errores formales.
Por último, las organizaciones también destacaron que el decreto 843/2024, firmado en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de discapacidad exigido para acceder a la pensión y amplió las causales de caducidad, lo que provocó la pérdida del beneficio para miles de personas sin ingresos alternativos ni redes de contención.
Familiares y prestadores irrumpieron en la sede del ANDIS por el ajuste en discapacidad
Días antes del fallo judicial que obligó a restablecer las pensiones suspendidas, familiares de personas con discapacidad y profesionales de la salud irrumpieron en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para exigir la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante más de una hora, los manifestantes esperaron ser recibidos por las autoridades del organismo para entregar un petitorio que reclamaba la reglamentación de la norma. Ante la falta de respuesta, un grupo forzó el ingreso al edificio entre gritos y empujones, mientras pedía que el interventor Alejandro Vilches explicara por qué no se habían girado los fondos para cubrir los tratamientos.
“Esto es calidad de vida, esto es necesidad. Que alguien me explique por qué mi hijo no puede tener sus terapias completas”, exclamó una de las madres presentes, visiblemente conmovida. En tanto, un transportista subrayó que “ponen la nafta en octubre y la cobran recién en marzo o abril del año siguiente”, al tiempo que advirtió que “nadie puede sostener una situación así”.
De la protesta participaron miembros de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS), la Asociación Civil del Desarrollo para la Educación Integral (ADDEI) y el Foro de Discapacidad. Tras el reclamo, el titular del Foro, Pablo Molero, aseguró que Vilches “se negó a recibir el petitorio” y pospuso cualquier convocatoria al directorio “hasta después de las elecciones”.