El Gobierno nacional de Javier Milei designó las nuevas autoridades del INTA, el INASE, el INV y otros organismos claves para el sector agropecuario.
En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei designó a las nuevas autoridades de los organismos clave para el sector agropecuario y la regulación de distintas áreas productivas, tras la caída de los decretos delegados que proponían su disolución o reestructuración.
De esta manera, la administración libertaria designó como autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Nicolás Bronzovich y Carlos Alberto Antonio Vera, mientras que en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) asumió Martín Famulari, y en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Carlos Raúl Tizio Mayer.
Es preciso mencionar que, estas designaciones están contempladas en el Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso le negara validez a varios decretos emanados de la Ley de Bases, entre ellos el DNU 462/2025 que proponía suprimir la autarquía del INTA, disolver al INASE, reorganizar al INV y modificar el funcionamiento de otros organismos descentralizados.
El rechazo legislativo implicó que dichos organismos recuperaran legalidad en su estatus institucional original, lo que fue confirmado mediante dos decretos publicados los días siguientes que restablecieron las disposiciones que habían sido suprimidas, modificadas o sustituidas por los DNU cuestionados.
Así, la administración libertaria afirmó que los nuevos nombramientos tienen vigencia desde principios de este mes para que las instituciones vuelvan a operar con normalidad en sus respectivos ámbitos de competencia, después de un período de incertidumbre institucional, debates judiciales y protestas sindicales.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Milei, el restablecimiento institucional del INTA, el INASE y el INV incluye la restitución de sus funciones regulatorias, operativas y de coordinación en los organismos designados, en particular en lo relativo al control de semillas, la investigación agropecuaria, la vitivinicultura, que habían sido objeto de medidas de reestructuración.
En tanto, los despidos en los organismos o pases a disponibilidad que se habían efectuado en algunos de estos organismos tras los DNU rechazados generaron críticas de gremios estatales y legisladores, que acusaron al Gobierno de desconocer la voluntad del Congreso, violar la institucionalidad y avanzar con medidas administrativas que afectaban personal técnico, profesional y de apoyo.
En este marco, las designaciones son interpretadas como una respuesta presidencial a los reclamos institucionales y políticos surgidos tras la derrota parlamentaria, un intento de recomponer la gestión y restituir cierta estabilidad en organismos que cumplen funciones fundamentales para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, el desarrollo tecnológico y la regulación del sector semillero.
Finalmente, la resolución también forma parte de un paquete más amplio de restablecimiento institucional: tras el rechazo del Congreso a los DNU, el Gobierno restituyó autoridades y funciones en otros organismos como INTI, Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, la Junta de Seguridad en el Transporte, y otras agencias reguladoras que habían sido también afectadas por los decretos delegados.
El Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás en la reestructuración del INTA, el INASE y el INV
Tal como se preveía, el pasado 21 de agosto la oposición le asestó en el Senado de la Nación un nuevo revés al Gobierno nacional al revertir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 462/2025 que desmantelaba organismos claves como el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.
Es que, la administración de Milei pretendía avanzar en la restructuración, fusión y disolución de organismos claves como el INTA, el INTI, el INASE, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), el INV, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), pero no fue posible gracias a los votos del Congreso.
En paralelo, desde el Palacio Legislativo se realizaron importantes denuncias contra la administración libertaria, que advertían que a pesar del rechazo del Congreso los despidos o disponibilidades continuaron en los organismos mencionados: se notificó que cerca de 300 trabajadores del INTA, INASE y ANSV fueron cesanteados poco después del revés, lo que generó críticas de gremios como ATE, que sostuvieron que se desconocía la voluntad parlamentaria.
En tanto, Diputados rechazó los decretos de Milei que proponían la reestructuración de los organismos vinculados al agro. En una votación amplia, con 141 votos a favor del rechazo, 65 en contra y una abstención, la Cámara baja dejó sin efecto las medidas que buscaban degradar las funciones autónomas o eliminar el estatuto institucional previo de INTA, INASE e INV.