Federaciones confirmaron paro universitario si no se cumple el plazo legal previsto para reglamentar y aplicar la Ley de Financiamiento.
Las federaciones que nuclean a trabajadores docentes y no docentes confirmaron paro universitario si el Gobierno nacional no cumple el plazo legal previsto para reglamentar y aplicar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa al personal no docente, anunció un paro total de 24 horas para el martes, que afectará la actividad en todas las universidades nacionales del país. La medida se activará si el Ejecutivo no reglamenta la ley este lunes, fecha límite para su aplicación plena y efectiva.
“De no cumplirse la aplicación plena y efectiva de la citada ley, a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales se realizará un paro total de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”, advirtieron desde FATUN. Además, la federación adelantó que, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), impulsarán acciones judiciales conjuntas.
Desde el sector docente, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió una jornada nacional de protesta los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, que incluirá un paro de 24 horas y acciones de visibilización en todo el país. En tanto, la CONADU Histórica confirmó un paro de 48 horas para los mismos días, con el mismo objetivo: exigir la plena implementación de la ley de financiamiento universitario.
El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU denunció que el Ejecutivo “niega las paritarias desde hace un año” y busca “debilitar la organización sindical del sector”. Durante el encuentro participaron representantes de SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE, SIDIUNLaR, SIDIUNT, FEDUBA y numerosos gremios de base.
“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente”, expresó la organización en un comunicado. En ese sentido, advirtieron que existe una “alta probabilidad” de que el Gobierno suspenda la aplicación de la ley, “como ya hizo con la emergencia en discapacidad”.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, remarcó que la falta de diálogo y la negativa a discutir paritarias “desconoce los derechos laborales del sector”. Según explicó, el objetivo de las medidas es “fortalecer la organización y los planes de lucha para enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”.
Paro universitario por los riesgos en investigación
La ley en cuestión fue aprobada por el Congreso durante 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras rechazaron el veto con una mayoría superior a los dos tercios, dejando la norma confirmada y vigente. El texto garantiza la actualización salarial mediante paritarias, el financiamiento de becas y el sostenimiento presupuestario del sistema universitario y científico nacional.
Desde las federaciones advirtieron que la demora en la reglamentación no solo afecta los salarios, sino también la continuidad de programas de investigación, extensión y becas estudiantiles.
En paralelo, FATUN, el CIN y la FUA preparan acciones judiciales conjuntas para exigir la ejecución inmediata de la ley. En los gremios interpretan que el incumplimiento del Ejecutivo constituye una violación directa a una norma vigente, sancionada y promulgada de hecho por el Congreso.
El conflicto también reabre el debate sobre el financiamiento y la autonomía universitaria, en un contexto de recortes presupuestarios y congelamiento salarial. Las organizaciones gremiales consideran que el ajuste impacta de manera directa en la calidad académica y en el funcionamiento de las casas de estudio.