El gremio de AySA cuestionó el plan de Javier Milei, defendió la gestión estatal y advirtió por el impacto de la privatización.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) rechazó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que impulsa el Gobierno nacional. La organización gremial remarcó que la empresa estatal constituye una “herramienta esencial” para garantizar un derecho humano fundamental como el acceso al agua y al saneamiento, y lanzó duros cuestionamientos hacia la gestión de Javier Milei.
El gremio que nuclea a los empleados estatales de AySA se pronunció tras la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, que autorizó la venta del 90% de las acciones de la compañía al capital privado. Esta nueva medida de la administración libertaria encendió la alarma entre los trabajadores, quienes advirtieron sobre las consecuencias sociales de un traspaso de estas características.
A través de un comunicado firmado por su secretario general, José Luis Lingeri, el sindicato acusó al Gobierno de difundir cifras y conclusiones “erróneas”. Según planteó el gremio, la actual conducción nacional presentó a AySA como “ineficiente y costosa” y la ubicó como “el segundo peor operador de la región” en base a un cuadro comparativo.
“Dicho indicador mide únicamente el área de cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”, cuestionó el SGBATOS en el escrito.
Bajo ese argumento, la organización sindical refutó la supuesta ineficiencia de la gestión estatal y cuestionó que la cartera económica nacional, a cargo de Luis Caputo, presente como “solución” la necesidad de inversiones por 15.000 millones de dólares financiadas con capital privado.
“Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”, remarcó el gremio.
Al respecto, el sindicato afirmó que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”. En sintonía con esa definición, los trabajadores de AySA defendieron el modelo estatal como la vía más efectiva para asegurar la prestación del servicio en todos los sectores de la población.
Finalmente, el SGBATOS alertó que “sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real”, y subrayó que “en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable”.
Privatización de AySA: alertan por el impacto en el Conurbano bonaerense
El Gobierno nacional aprobó, en julio pasado, el plan de transición de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que concluirá con la privatización de la compañía que presta servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 municipios del Conurbano bonaerense. La medida, formalizada mediante la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, impactará en más de 15 millones de personas que dependen del acceso al agua potable y a las cloacas.
El nuevo programa reemplazó al plan aprobado en octubre de 2023 durante la gestión de Malena Galmarini y fijó como meta “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio”. La decisión ya generó preocupación entre usuarios y especialistas, que advirtieron sobre los riesgos de trasladar al sector privado un servicio esencial para millones de hogares.
En ese marco, distintas organizaciones sociales recordaron además la experiencia de los años 90 con la concesión de Obras Sanitarias, que derivó en incumplimientos, subas tarifarias desmedidas y un deterioro del servicio en distritos como La Matanza o Berazategui. Ese antecedente concluyó en el año 2006 con la reestatización de la empresa, luego de múltiples denuncias por contaminación y tarifas que se ubicaron entre las más altas de América Latina.
Finalmente, los especialistas alertaron que la privatización de AySA podría frenar obras clave como el Sistema Riachuelo y limitar la expansión de redes hacia barrios vulnerables del segundo cordón metropolitano. Según remarcaron los expertos, un modelo que priorice la rentabilidad sobre la inversión social amenaza con profundizar desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento.