Argentina recurrió a la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York para revertir la orden que obligaba a entregar el 51% de las acciones de YPF y sostuvo que el fallo de la jueza Loretta Preska, viola la inmunidad soberana del país. La medida busca frenar el avance del fondo británico, Burford Capital, que reclama una indemnización de más de 18.000 millones de dólares al Estado nacional, tras la reestatización de la compañía en el año 2012.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Santiago Castro Videla, presentó los fundamentos de apelación junto a los abogados Carmine D. Boccuzzi y Rathna J. Ramamurthi del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. “La práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones”, sostuvo el escrito.
En ese marco, los letrados remarcaron que la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), sancionada en 1976 en Estados Unidos, no contempla embargos sobre bienes situados fuera del territorio norteamericano y rechazaron la interpretación judicial, diseñada para situaciones comerciales privadas.
Sobre este punto, la defensa del Estado argentino agregó que las acciones de YPF no se encuentran en Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en actividades comerciales en ese país, ni estuvieron vinculadas con el reclamo original. “La orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de esas acciones”, precisaron.
En simultáneo, la Procuración también señaló que la decisión contradice el principio de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado, pilares del derecho internacional. De hecho, los representantes del reclamo argentino puntualizaron que el gobierno de los Estados Unidos, en dos presentaciones previas revalidó esta posición y advirtió que la orden de entrega “no tiene precedentes”.
Inclusive, el equipo de abogados oficiales advirtió que la resolución de Preska podría generar un precedente negativo para las relaciones internacionales y alertó sobre el riesgo de abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en el exterior.
“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional”, cerró la PTN. Mientras tanto, la jueza Preska deberá aprobar un cronograma de plazos que regirá en paralelo a la apelación del fallo de fondo.
Vale precisar que la presente causa comenzó tras la polémica decisión de la jueza Preska que condenó a pagar 16.000 millones de dólares, cifra que escaló por los intereses acumulados desde la recuperación de la compañía petrolera por parte del Estado. En tanto, mientras el fallo se revisa en instancias superiores, Burford insistió con su reclamo de ejecución inmediata y pidió quedarse con las acciones que el país posee en YPF.
Juicio por YPF: Burford Capital busca forzar un acuerdo con la Argentina
Burford Capital desplegó una ofensiva judicial y política para presionar a la Argentina en el marco del juicio por las acciones de YPF. La firma británica, en pleno litigio contra el Estado nacional, contrató al lobista argentino Gerry Mato, radicado en Wall Street, con el objetivo de instalar en el sector privado la idea de un acuerdo extrajudicial.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) descartó esa posibilidad y recordó que los abogados del Estado tienen la obligación legal de agotar todas las instancias. La estrategia oficial se centra en demostrar que el país no renunció a su inmunidad soberana sobre el 51% de la petrolera y que el cálculo de la indemnización fijado por la jueza Loretta Preska fue incorrecto.
En paralelo, Burford intenta que YPF sea incorporada a la sentencia como corresponsable, lo que comprometería proyectos estratégicos como Vaca Muerta, y el Polo Exportador de Crudo y Gas Natural Licuado (GNL). Si bien, la petrolera había quedado fuera del juicio en primera instancia, la apelación del fondo será analizada en la Corte de Apelaciones el próximo 29 de octubre, tres días después de las elecciones legislativas.
Por último, la defensa del Estado también cuestionará la conversión de pesos a dólares que realizó Preska, quién tomó como referencia la cotización del 2012 en lugar de la vigente en 2023. Según la Procuración, este criterio multiplicó de forma desproporcionada el monto del resarcimiento y aseguraron que el país está dispuesto a llevar la disputa hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, en caso de ser necesario.