Fue en la tercera sección donde el presidente postula al ex policía Maximiliano Bondarenko como diputado provincial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por las limitaciones en el plan de seguridad de este territorio, que esta semana volvió a ser noticia por la sucesión de episodios violentos en el Gran Buenos Aires.
Kicillof habló justamente desde la Tercera Sección electoral, epicentro de hechos de descontrol y violencia que conmovieron a los distritos de Avellaneda y La Matanza, donde el gobernador eligió situar al presidente como responsable de máximo de la inseguridad.
“El contraste es claro: mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Javier Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema. Mejorar la seguridad es algo que requiere de planificación, de inversión, de compromiso y de trabajo coordinado: eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios, con el único objetivo de que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”, dijo hoy el gobernador desde Quilmes.
De este modo buscó neutralizar la campaña que lleva adelante en la Tercera Sección Maximiliano Bondarenko, expolicía de La Matanza y actual concejal de Florencio Varela, que busca votos junto al Presidente bajo la denuncia de que el conurbano es “un baño de sangre”.
“El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”, destacó Kicillof durante una inauguración de una alcaldía en Quilmes.
En concreto, el mandatario bonaerense reclama 12 billones de pesos al presidente de la Nación. Con ese dinero, entiende que la provincia podría comprar 10.0000 patrulleros y 30.000 cámaras de seguridad.
“Estas obras permiten también reforzar la presencia de nuestras fuerzas donde tienen que estar: en las calles, patrullando, trabajando para prevenir el delito; y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías”, sostuvo el gobernador. En Quilmes se invirtieron 15.091 millones de pesos para una alcaldía con 156 celdas y capacidad para alojar a 312 internos.
Kicillof se mostró en el distrito junto a Mayra Mendoza, intendenta aliada a Máximo Kirchner e integrante de la lista de candidatos a diputados por la Tercera Sección electoral que lidera la vicegobernadora Verónica Magario.
Mendoza, que es una dura crítica de Kicillof, finalmente se enmarcó en la campaña contra Milei: “Esta obra, resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio, permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de control y patrullajes en nuestros barrios. Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros asumimos este tema con mucha responsabilidad e invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”, destacó la dirigente camporista.

El jueves que pasó Milei presentó a Bondarenko como candidato para la tercera sección. Fue ahí cuando el expolicía dijo que la provincia “es un baño de sangre”.
Kicillof se mostró hoy junto a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, encargado de contrarrestar la figura de Bondarenko, y su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, otro aliado de Máximo Kirncher que ocupa un lugar en el gabinete bonaerense.
La aparición tuvo lugar poco después de una brutal pelea entre barras del Club Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, cuyo episodio derivó en un cruce con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Kicillof buscó responsabilizar al Presidente por las imágenes de sangre difundidas en las últimas horas desde el Gran Buenos Aires. “Mejorar la seguridad es algo que requiere de planificación, de inversión, de compromiso y de trabajo coordinado: eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios, con el único objetivo de que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”, destacó Kicillof.
El debate sobre inseguridad toma relevancia en la medida que se acortan los días de campaña para las elecciones legislativas del 7 de septiembre próximo.