El veto presidencial a la Ley Universitaria y a la Ley de Emergencia Sanitaria desató una ola de críticas entre legisladores bonaerenses.
El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría desató una ola de críticas entre legisladores bonaerenses de distintos bloques políticos. Desde Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda coincidieron en que las decisiones del Gobierno nacional implican un retroceso para la educación y la salud públicas.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, señaló que “desfinanciar la educación es quebrar el futuro” por lo que el consideró que el veto presidencial es un “golpe brutal” que atenta contra la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país, ya que es dejar de invertir en las universidades y eso implica que se elimine la ciencia, la innovación y la movilizad social. “Vetar la educación es condenar al país al atraso“, sentenció.
Vale precisar que, el presidente, Javier Milei, oficializó este miércoles el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada a mediados de agosto por el Congreso y que establecía un refuerzo de partidas presupuestarias para universidades públicas y recomposición salarial docente.
Por su parte, la diputada kicillofista de Unión por la Patria, Lucía Iañez, calificó la medida como “otro horror de este gobierno nacional que está empecinado en no escuchar a su pueblo”, al tiempo que reivindicó a la universidad pública y gratuita como “un orgullo nacional” y reclamó financiamiento urgente para evitar su desmantelamiento.
Su par de bloque, la legisladora, Marcela Basualdo, opinó que la universidad se debe defender y no vender, repudió el veto y remarcó que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso. La diputada bonaerense coincidió con Garciarena al considerar que la decisión del Gobierno nacional es un “golpe brutal contra la igualdad de oportunidades y contra el desarrollo de la Argentina”.
Cabe precisar que, con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno debía recomponer al 1 de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1° mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
Por caso,el diputado bonaerense de la UCR, Valentín Miranda, también marcó su rechazo: “Presidente Milei: usted fue elegido para gobernar y garantizar el futuro de los argentinos. La educación pública es la base del progreso social. Vetar el financiamiento universitario solo debilita las funciones de docencia, salud, investigación, nodocentes y profesionales”.
En la misma línea, el senador provincial, Pedro Borgini, coincidió con sus pares a la hora de considerar que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue es atentar contra un futuro próspero para Argentina, al tiempo que señaló que la universidad pública es un derecho y se comprometió a realizar acciones que apunten defenderla.
Por su parte, el senador Federico Fagioli cuestionó la decisión presidencial en términos políticos, dado los últimos resultados de las elecciones del pasado 7 de septiembre. “En vez de escuchar al pueblo en las urnas, la nueva mesa política de Milei y su hermana tomó una decisión de mierda: vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Si no lo quisieron entender en las urnas, lo van a tener que entender en las calles”.
Cano apuntó al veto a la Ley de Emergencia Sanitaria
La diputada del Frente de Izquierda y los trabajadores – Unidad (FIT-U), Laura Cano, aseguró que es necesario ir a un paro general para evitar que el Gobierno de Javier Milei continúe con medidas que atentan contra la población. “El mismo gobierno corrupto que roba a la discapacidad veta los fondos al Hospital Garrahan. Este gobierno no tiene ninguna legitimidad”, lanzó.
En concreto, el Gobierno avanzó con el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, sancionada el 22 de agosto con 62 votos afirmativos en el Senado. El proyecto contemplaba aumento presupuestario y asignación prioritaria de insumos críticos al Hospital Garrahan y otros centros de atención infantil.
En esta línea, la diputada que también es médica alertó que el Hospital Garrahan se convirtió en una “causa popular que logró el apoyo de millones” y apuntó a los sindicatos de salud a para que convoquen a asambleas y organicen un plan de lucha en conjunto con todos los trabajadores del sector.
Las críticas se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno nacional justificó los vetos por “incrementar desproporcionadamente el gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”. Según el decreto, la normativa generaría “desequilibrios fiscales” que afectarían la estabilidad macroeconómica y provocarían inflación por financiamiento vía emisión.