Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario por corrupción, siendo la primera exjefa de Estado en esa situación en el país. Instalada en su vivienda de San José 1111 en Buenos Aires, solo tiene autorizado recibir visitas de familiares, abogados, médicos y custodios.
Más de 900 personas han solicitado permiso para verla, pero el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) exige que cada visitante sea previamente autorizado a través de un trámite formal.
Esta restricción ha generado un enfrentamiento con el kirchnerismo, cuyo abogado Gregorio Dalbón publicó el contacto del tribunal, generando una oleada de solicitudes. Legisladores del partido Unión por la Patria amenazan con desobedecer al tribunal y visitar a Kirchner sin autorización, alegando su rol de representantes del pueblo. A pesar de las presiones, el TOF 2 mantiene las restricciones, mientras que la defensa de Kirchner ha apelado.
A sus 72 años y aún inhabilitada para cargos públicos, Kirchner sigue siendo referente de la oposición contra el gobierno de Javier Milei y se prepara para influir en las elecciones legislativas de octubre. También se espera que el presidente brasileño Lula da Silva, quien ya ha conversado con ella por teléfono, visite Argentina próximamente.