El bloque que lidera Miguel Pichetto impulsa la nulidad de la norma publicada por el Gobierno.
En medio de fuertes críticas de opositores y dialoguistas, el bloque de Encuentro Federal presentó un proyecto para declarar la «nulidad absoluta» del decreto 780/24 del Gobierno de Javier Milei que modificó la ley de Acceso a la Información Pública. Aseguran que echa «un manto de oscuridad» sobre el Estado y debilita la democracia. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asegura que con la normativa «no se pretende ocultar».
El texto al que accedió Ámbito fue redactado por el diputado Oscar Agost Carreño y lleva las firmas del presidente de la bancada Miguel Ángel Pichetto y sus compañeros Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Francisco Morchio y Alejandra Torres. En el mismo señalan que la reglamentación dispuesta por el Poder Ejecutivo «entra en franca contradicción e incumple abiertamente la previsión contenida en el artículo 28 de la Constitución Nacional».
«La reglamentación pretendida, viene a limitar severamente el derecho de acceso a la información pública llegando al absurdo de crear la figura del “abuso del derecho de acceso a la información pública”, argumentan los legisladores en el proyecto y aseguran que se trata de «una cuestión delicada» por la importancia de la ley de Acceso a la Información Pública en el fortalecimiento de la democracia.
Durante su presentación en el Congreso, Francos aseguró que «no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública» y afirmó que «no nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional». «La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda», agregó y ratificó que «no se pretende ocultar información pública».
Los argumentos del proyecto que busca declarar la nulidad del decreto 780/24
Los diputados no coinciden con la mirada del jefe de Gabinete. Por el contrario, aseguran que el decreto de Milei constituye «un avance ilegal y arbitrario sobre el derecho de acceso a la información pública».
En ese sentido, el proyecto señala que la Ley 27.275 constituyó «un gran avance» para la Argentina dado que permitió «que cualquier ciudadano, de no mediar las excepciones previstas en la norma, puede acceder a la información requerida mediante un simple pedido que no requiere fundamentación». La normativa representó «fue el producto de largas rondas de debate que incluyeron la participación de actores y organizaciones de la sociedad civil».
Luego, indican que la normativa tiene por objeto «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública», teniendo como base a los principios enumerados en su artículo 1° entre los que se destacan la transparencia y máxima divulgación.