Milei busca prohibir la recaudación de fondos por medio de intermediarios en el sector asegurador, medida habilitada por su antecesor, Alberto Fernández
“on una sencilla resolución administrativa, Osvaldo Giordano se fue de su breve gestión de la ANSES, haciendo los deberes. Terminando con un negocio que, a través de intermediarios, unos pocos brokers de seguros con buena llegada a referentes de las palomas del PRO y de los socialdemócratas de Alberto Fernández, pensaron un mecanismo para armar una cajita feliz”, se sincera un veterano dirigente de una empresa de seguros líder que, además, no deja de estar asombrado por la audacia de la idea: “…en la ANSES no había necesidad de intermediación. ¿Para qué quiere el Estado un broker, si encima los seguros los hace con su propia aseguradora, Nación Seguros?”.
Nadie en el mundo asegurador quiere hablar con nombre y apellido de la maniobra típica de un país donde, al menos hasta la asunción de Milei, rigió el denominado capitalismo de amigos.
Caja negra de ANSES: capitalismo de amigos e intermediarios
Una categoría política que ha sido bautizada también como, el capitalismo clientelista o amiguista, en Inglés “Crony Capitalism”, un término que describe a una economía capitalista en la que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales. Y, en ocasiones se requieren de intermediarios para que la maniobra no sea tan burda.
Lo cierto es que el presidente Javier Milei no debiera retardar la firma de un nuevo decreto derogando el de su antecesor en el cargo, Alberto Fernández, que permitió crear una necesidad allí donde no se la requería.
La olla fétida de presunta corrupción y mala administración de los recursos estatales quedó en evidencia tras la investigación del primer titular de la ANSES de la administración de Javier Milei, Osvaldo Giordano, que, a través de una auditoría interna, tomo nota de la maniobra para recaudar 20.000 millones de pesos.
Un monto que pagaba la ANSES a una entidad del Banco Nación Seguros para asegurar la vida de los pensionados y jubilados que tomaron créditos al consumo que, durante 2023, año electoral, el candidato del oficialismo Sergio Massa, privilegió y acrecentó de manera directa esa caja paralela de recaudación por donde se fugaba el dinero de los jubilados.
El problema es que el gobierno de Alberto Fernández, con pasado profesional en el mundo asegurador en la década del ‘90, habilitó las operaciones a firmas privadas que participaban cobrando suculentas comisiones, por encima de los valores del mercado, bajo la figura de coaseguro.
El coaseguro es un acuerdo suscrito entre dos o más compañías del rubro para asegurar un bien o una actividad con un riesgo de un valor económico tan elevado que una única entidad no puede asumir, para distribuir los riesgos y homogeneizar la composición de su cartera.La diferencia con el reaseguro es principalmente que en el coaseguro, cada entidad aseguradora sólo responde con la participación que ha asumido.
La diferencia con el reaseguro es principalmente que en el coaseguro, cada entidad aseguradora sólo responde con la participación que ha asumido.
La medida de Alberto Fernández, que Milei busca eliminar
Ahora bien, la idea de Alberto Fernández fue implementada en 2021 y lo que pone en blanco sobre negro, la noción de haber creado una estructura financiera para derivar fondos dinerarios es que durante la gestión de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, los mismos préstamos se habían otorgado sin la necesidad de armar una póliza en favor de los beneficiarios.
Un detalle que la Coalición Cívica, miembro fundador de la administración de Cambiemos, no dejo pasar por alto y por ello, con la firma de sus autoridades, presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 823/2021 en el Congreso por si Javier Milei se olvida.
Además, elevaron una nota al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, para solicitarle “la realización de un examen especial en el ámbito de todo el Sector Público Nacional cuyo objeto sea la totalidad de los contratos de seguro celebrados durante la vigencia del Decreto 823/2021″. En la solicitud piden que se aborden “sus aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimonial, legal y los demás que considere pertinentes”.
Allí surgen dos puntos que debieran ser señalados, Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo de capital es de extrema confianza del expresidente Alberto Fernández y de su ministro de economía, Sergio Massa.
Sin embargo, la Auditoría General de la Nación creada en 1992 como el órgano de control externo de la Nación, es un cuerpo colegiado compuesto por siete auditores generales designados por el Congreso de la Nación y Olmos no es el único que puede ordenar un informe fiscalizador.
Es que la Coalición Cívica solicita que se audite todo el sector público del ámbito nacional y es allí donde hay coincidencia con los temores en el mundo asegurador de aquellos referentes del sector que ya presienten que el caso de la ANSES es solo un bloque de hielo de un iceberg más grande que se irá descubriendo con los días.
Con reserva de nombres, brokers de seguros, dueños de compañías, inspectores estatales, todos coinciden en señalar a iProfesional que “el tema pasa por los negociados. Ese es el punto central. Tenían la posibilidad de hacer seguros de forma directa y habilitaron la posibilidad de introducir productores de seguros al negocio para cobrar coimas”.
Allí radica el corazón de la corrupción que Milei deberá atender.
Un ejemplo para observar es lo que sucede con los seguros de vida de las fuerzas del orden federal. “Los gendarmes tienen seguros de vida, dentro de Nación Seguros. Allí hay comisiones para analizar”, afirman en una compañía que no participa de estos negocios.
Hay casos en los que las empresas de seguros no participan, no porque estén plenamente convencidas de no entrar en el juego de la financiación de la política, sino porque son filiales de empresas extranjeras que, prefieren curarse en salud, y desde las casas matrices emiten la orden de “no complaint”, o sea no quieren quejas ni reclamos, por denuncias de corrupción de alguna filial. De esa manera, no participan de manera oficial en ninguna licitación estatal o de un negocio donde el estado argentino tenga participación.
Corrupción en el sector de los seguros: los “brokers” que salieron beneficiados
Y, si bien en el caso del decreto firmado por Alberto Fernández, el negocio pasaba por la administración de Nación Seguros, conducido durante su gobierno por su amigo íntimo, Alberto Pagliano, con quien armó Provincias Seguros a fines de los ‘90 en los tiempos en los que ni soñaba con ser Presidente de la Nación, también, habilitó la posibilidad para que algunos grandes brokers del seguro, como el ubicuo millonario Pablo Torres García, famoso por codearse con todo aquel que posea un patrimonio en dólares importante y decida vacacionar en el exclusivo Cerro Bayo o Héctor Martínez Sosa, otro de los grandes vendedores de seguros al que el propio Alberto Fernández confiesa deberle un puñado de dólares según sus declaraciones juradas o el Grupo Gaman, un holding nacional con mucha presencia en el interior del país, compuesto por sus brokers de seguros y compañías de prevención y servicios, entraran a un mercado cautivo donde cobraron comisiones por sobre el valor del mercado.
Aunque el negocio podría haber sido para todos en la práctica parece que hubo “propios y entenados”. O sea, favorecidos y postergados. Y, cuando se destapa la olla, empiecen las venganzas y los comentarios en voz baja que luego se convierten en investigaciones judiciales.
A continuación, algunos comentarios en off relevados a iProfesional por integrantes de este particular mercado plagado de resoluciones.
“La figura de Torres García hoy es radioactiva, pero la verdad es que muchos iban a golpearle la puerta de su oficina para que hiciera lobby por algún negocio. A veces un productor de seguros más chico que los citados anteriormente, armaba un negocio asegurador con un ente estatal nacional o provincial y, hasta municipal, y se lo presentaba a Torres García que hoy todos lo señalan con el índice acusador, para que armara la estructura por su capacidad de lobby”.
“Hay ocasiones en los que Torres García se entusiasmaba de más con el proyecto y se lo apropiaba”, explicó diplomáticamente un experto del rubro asegurador que se devana los sesos analizando si la noticia que tuvo en primer lugar el matutino Clarín fue una vendetta personal de Osvaldo Giordano para poner en aprietos a Javier Milei que debiera “desarmar estos tongos sin dudar un solo minuto sino quiere quedar pegado como ya lo está Alberto Fernández por proveer el marco legal adecuado” o se trata de un pase de facturas dentro del mundo del seguro que traerá más capítulos acerca de cómo algunos desprejuiciados hacían negocios con la plata de todos los argentinos.