El juez federal Hugo Ricardo Sastre ordenó la suspensión de la quita de fondos para el transporte, que había anunciado el Gobierno días atrás.
El juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, dio lugar a la medida cautelar presentada días atrás por el gobernador de Chubut Ignacio Torres, y suspendió la eliminación del Fondo Compensador del Interior, medida que fue anunciada por el Gobierno nacional hace dos semanas con el objetivo de no subsidiar más el transporte público.
En concreto, el juez Sastre instó al Gobierno nacional de Javier Milei a abstenerse “de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.
“La decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios”, fustigó el magistrado.
Vale recordar que, el pasado 8 de febrero el Ministerio de Economía de la Nación anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, una medida que impactó de lleno en el valor de los boletos de transporte en las diversas provincias del interior del país. “La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, comunicaron en ese momento.
Frente a esa situación de desamparo, varios mandatarios provinciales e intendentes de esa parte del país rechazaron la medida y fueron a la Justicia con el objetivo de frenarla. En este sentido, Torres se convirtió en el primer gobernador cuya medida cautelar fue aceptada.
”El articulo 28 de la Constitución Nacional, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancial del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos”, dictaminó Sastre acerca de la eliminación de los subsidios al transporte en las provincias del interior.
Otro de los puntos por los cuales el juez de Rawson decidió ordenar la marcha atrás acerca de la suspensión del Fondo Compensador del Interior es el momento del año en el cual el Gobierno anunció dicha medida, es decir a pocos días del inicio de clases, época en la cual se registra la mayor demanda de transporte público. Por esta razón, el magistrado consideró que la medida es “inoportuna“.
“Encontrándonos próximos a la finalización del periodo estival y al inicio del ciclo lectivo 2024, época de más mayor demanda en el uso del trasporte público de pasajeros, con una geografía, distancias y condiciones climáticas como la de la Provincia del Chubut, entiendo que el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna, siendo dicho accionar reprochable a la accionada y que torna viable el dictado de la medida requerida”, expresó Sastre.
Por último, Sastre sentenció que, esta decisión “intempestiva” sobre el transporte público fue tomada sin un “fundamento racional concreto”, más allá del “enunciado simbólico de querer beneficiar directamente a los usuarios del sistema“.“Atenta contra la situación económica de la accionante de autos -imposibilitada de sustentar el servicio público de trasporte de pasajeros urbano y suburbano, siendo dependiente –desde hace años- de las varias veces millonarias partidas presupuestarias que periódicamente remitía la demandada a las arcas del estado Provincial”, cerró el juez de Rawson.El documento judicial que frenó la quita de subsidios en el transporte
Por último, Sastre sentenció que, esta decisión “intempestiva” sobre el transporte público fue tomada sin un “fundamento racional concreto”, más allá del “enunciado simbólico de querer beneficiar directamente a los usuarios del sistema“.
“Atenta contra la situación económica de la accionante de autos -imposibilitada de sustentar el servicio público de trasporte de pasajeros urbano y suburbano, siendo dependiente –desde hace años- de las varias veces millonarias partidas presupuestarias que periódicamente remitía la demandada a las arcas del estado Provincial”, cerró el juez de Rawson.